El vacunatorio VIP de San Rafael desató un escándalo en el Sur mendocino y en la provincia. Un audio de WhatsApp del médico clínico Rubén López, invitaba con fecha y hora a las personas interesadas a vacunarse en un domicilio de Pueblo Diamante. En la causa, investigan 20 celulares. Fue el director Regional Zona Sur del Ministerio de Salud, Abel Freidemberg, quien le hizo llegar las grabaciones al fiscal Javier Giaroli para ponerlo en conocimiento. Todo terminó en un allanamiento tipo "redada" el domingo a la hora señalada en donde se aprehendió al profesional de la salud. Pero también al dueño de tres geriátricos, Hugo Ochoa y a su esposa Teresa Chaine. También un enfermero que se presuntamente era quien vacunaba a los interesados y a tres personas que habían ido a vacunarse. En ese mismo lugar se secuestraron cápsulas vacías de la vacuna AstraZeneca - algunas vacías y otras 10 listas para ser colocadas. La Justicia imputó a todos los involucrados, aunque ya se encuentran en libertad, luego de pagar una fianza de $300 mil. De todos modos, la situación procesal de ellos podría cambiar según avance la causa. Si se llega a comprobar que los interesados pagaban por la inoculación la causa podría agravarse.   Imputaciones Uno de los más comprometidos es el dueño de los tres geriátricos, Hugo Ochoa: fue imputado por el delito de peculado, en donde arriesga una condena de entre 2 a 10 años de prisión para el funcionario público que sustrae bienes del Estado. Fuentes de la causa indicaron que "como participa en el sistema de vacunación adquiere el carácter de funcionario público". La esposa de él también fue acusada por el mismo delito pero en calidad de partícipe primaria, por lo que podría recibir la misma pena. Rubén López, el médico que realizaba las invitaciones, y el enfermero fueron acusados por el delito de ejercicio ilegal de la medicina. Éste último tenía vencida la matricula desde 2014. Mientras que las tres personas que acudieron a vacunarse fueron imputadas "tentativa de infringir normas sanitarias", una pena que va desde los tres meses hasta un año de prisión. Todos los anteriores acusados también fueron imputados por violar esta ley.   ¿Cómo sigue la causa?   El fiscal Javier Giaroli solicitó una serie de allanamientos y peritajes a unos 20 celulares para determinar el origen de las vacunas y si hay más involucrados en la causa. La Justicia intentará determinar si hubo algún tipo de comercialización de las dosis, algo que podría agravar la situación judicial de varios de los imputados.     Entre las hipótesis que maneja la fiscalía, se sospecha "que se haya fingido una vacunación para los ancianos y de esta forma hacerse en forma espuria con las vacunas que se colocarían a los vecinos". Asimismo, Giaroli sostiene que en los audios no surge nada de que hayan cobrado por hacerlo. "Está el costo del enfermero y de los descartables por lo que podría haber un tipo de negocio", manifestó el abogado en declaraciones a Te digo lo que Pienso, que conduce Ricardo Montacuto, por Radio Nihuil.  El fiscal Javier Giaroli. Fuente: Mendoza Post